Construir y habitar, o como hacemos ciudad.
Vamos a los bifes, que tenemos mucho para compartir.
En esta edición, te proponemos un recorrido sobre distintas iniciativas que buscan transformar la forma en que se viven las ciudades o intervenir sobre el devenir de su realidad material. Como anticipamos en el correo anterior, te contamos sobre el programa de movilidad escolar que cambió la manera de llegar al colegio para miles de niños y niñas en la ciudad de Bogotá. También, compartimos la experiencia de París, donde finalmente este año sus habitantes podrán nadar entre los edificios de la ciudad luz. Por otro lado, comentamos el caso de Denver, que modificó su normativa sobre veredas con la esperanza de volverlas más caminables. Además, respecto a vivienda, analizamos algunas alternativas de coliving para personas mayores, tanto como soluciones habitacionales, como oportunidades para mejorar su calidad de vida. Por último, ya en Buenos Aires, nos referimos a las alteraciones en la dinámica urbana que podrían derivarse de los avances en la reglamentación del Código Urbanístico.
La lectura no te va a tomar más de 5 minutos. Mientras, te recomendamos este tema para que escuches de fondo.
La entrada y la salida escolar representan un desafío logístico para las familias, los colegios y los gestores del espacio público. Ciudades de todo el mundo siguen perfeccionando sus estrategias para abordar esta problemática, desde distintas perspectivas. París, por ejemplo, impulsa una política de reconversión de calles en entornos escolares para transformarlas en calles verdes y fomentar el acceso peatonal (como ya te adelantaron en Raíces Urbanas). Buenos Aires, por su parte, implementó el sistema Sube y Baja para ordenar el tránsito, que ya alcanza a más del 25% de las escuelas.
La apuesta de Bogotá va en otra dirección. Su programa de movilidad escolar Al Colegio en bici organiza caravanas de bicicletas para ir al colegio. Niños y niñas se reúnen en puntos de encuentro cercanos a sus hogares y se trasladan juntos, acompañados por líderes y guías que los supervisan durante todo el trayecto, tanto a la ida como a vuelta. En marzo pasado, el programa alcanzó a 13.000 niños y niñas, marcando un nuevo hito desde su creación en 2013. La iniciativa fomenta hábitos saludables, promueve la movilidad sustentable y enseña normas de tránsito. También, desincentiva el uso del automóvil, alivia el tráfico y reduce la carga de las familias. Además, fortalecería los vínculos entre los niños y ayudaría a prevenir el abandono escolar.
Al Colegio en Bici forma parte de una estrategia integral que incluye otros programas como el Proyecto Ciempiés y Bici-parceros, para que niños, niñas y adolescentes se muevan de forma activa y autónoma, sin depender del auto ni de sus padres.
Después de 101 años de prohibición y reiteradas promesas, todo indica que en 2025 los parisinos finalmente podrán bañarse en el río Sena, al menos en tres puntos habilitados al público con ese fin.
A finales de los años 80, ante un público escéptico, el entonces alcalde de París y futuro presidente, Jacques Chirac, prometió que se bañaría en el Sena para demostrar que era un río limpio. Sin embargo, pese a esfuerzos sostenidos durante distintas gestiones, recién 36 años después, en 2024, la alcaldesa Anne Hidalgo pudo cumplir aquella promesa. Su zambullida buscó disipar dudas sobre la calidad del agua, en la previa de las pruebas de natación de los Juegos Olímpicos, celebradas pocos días después. Aunque las lluvias complicaron la situación, el agua habría alcanzado niveles aceptables de contaminación y el evento se llevó a cabo. De todos modos, varios triatletas se enfermaron tras competir.
Desde 2016, la ciudad invirtió 1.400 millones de euros en un sistema de reservorios para evitar que aguas pluvio-cloacales se viertan sin tratamiento en el Sena. Sin embargo, ante lluvias intensas y con los reservorios colapsados, el agua contaminada vuelve al río. En ese sentido, durante el 2024, el clima no acompañó. Más allá de las críticas, aunque supeditada a factores climáticos y sujeta a controles y monitoreo periódico, la bañabilidad en el río Sena es parte del legado olímpico de la ciudad.
Los tres espacios habilitados para el baño en 2025 estarán en distritos distintos: Bras Marie (IVe), Port de Grenelle (XVe) y Bercy (XIIe). Hay planes para abrir más de 30 sitios en el futuro. La experiencia de París —todavía en proceso de mejora— nos inspira a imaginar algo similar en nuestro Río de la Plata. Este año se cumplen 50 años de prohibición de bañarse; ojalá no tengamos que esperar otros 50.
Desde enero de 2025, la ciudad de Denver, en Colorado (EE. UU.), puso en marcha una nueva ordenanza que transfiere al gobierno local la responsabilidad del mantenimiento de veredas, eximiendo a los frentistas. A cambio, estos deben abonar un impuesto con asignación específica para financiar las obras necesarias para consolidar la red de veredas en los próximos años.
La asociación Denver Deserves Sidewalks [Denver Merece Aceras] impulsó la iniciativa desde 2022. Entre sus argumentos, destacaban el estado crítico de muchas veredas, que afecta la movilidad —especialmente de las personas más vulnerables— y cómo este problema ha acentuado las desigualdades entre los barrios. También cuestionaban la carga impuesta a frentistas que, en muchos casos, carecían de recursos o capacidades para asumirla individualmente. Esta situación no solo representaba una exigencia económica difícil de afrontar, sino también un riesgo legal, ya que los hacía responsables ante posibles accidentes, al igual que a la propia ciudad.
La nueva ordenanza fija un monto anual de alrededor de 150 dólares en tarifa plana. Los lotes con más de 70 metros lineales de frente (aproximadamente 230 pies) pagan un adicional por cada metro extra. Para garantizar una distribución equitativa, los hogares de menores ingresos pueden solicitar descuentos o reembolsos. Si bien el plan fue concebido con metas ambiciosas, las autoridades reconocen que alcanzar los resultados esperados llevará varios años.
Esta problemática no es exclusiva de Denver. En 2018, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometió a reparar el 80% de las veredas en mal estado. Aunque por normativa el mantenimiento corresponde a los frentistas —salvo excepciones—, fue el GCBA quien terminó ejecutando las obras. Sin embargo, una vez vencida la garantía, la responsabilidad vuelve a los frentistas y el ciclo se repite, dejando incertidumbre sobre el futuro mantenimiento cuando las nuevas veredas vuelvan a deteriorarse.
El co-living surge como una alternativa habitacional que permite acceder a una vivienda a menor costo que hacerlo de manera individual. Convivir con otros y ceder parte de la intimidad son algunos de los desafíos y limitaciones de este modelo. Aunque se lo suele asociar a la juventud, comienza a extenderse a otras etapas de la vida. En un contexto de caída de ingresos jubilatorios y creciente inquilinizacion de la vejez, el co-living en edades avanzadas podría ofrecer una opción para acceder a una vivienda. Además, puede mejorar la calidad de vida, al fomentar la vida comunitaria y la socialización, en un escenario marcado por la soledad y aislamiento que afecta especialmente a las personas mayores.
Existen múltiples experiencias que pueden ilustrar esta modalidad. En las afueras de Madrid, desde el año 2000, un grupo de 79 personas mayores conviven bajo una cooperativa que ofrece una solución habitacional “fuera del mercado” para envejecer en comunidad. En Singapur, la empresa Red Crown Senior Living alquila departamentos en el mercado y los subalquila a personas mayores que conviven mientras reciben servicios de cuidado y acompañamiento compartidos. Actualmente gestionan 30 departamentos y 3 condominios bajo este modelo. En nuestro país, la iniciativa Casa Activa, lanzada en 2021, promueve la construcción de complejos habitacionales con espacios comunes y equipamiento colectivo para personas mayores de 60 años. Las viviendas se entregan en comodato, garantizando estabilidad sin necesidad de propiedad. En diciembre pasado se inauguró un complejo de 32 monoambientes en Sáenz Peña, Chaco.
Estas tres experiencias reflejan distintos enfoques: autogestión, inversión privada y acción estatal. Cada una propone respuestas innovadoras al desafío de la vivienda en la vejez, aunque enfrentan interrogantes sobre su escalabilidad, replicabilidad y sostenibilidad a largo plazo.
A fines de marzo se avanzó en la reglamentación de la Capacidad Constructiva Adicional (CCA), instrumento incorporado en la reforma del Código Urbanístico aprobada en diciembre pasado. Aunque cuenta con antecedentes, la CCA es una de las principales novedades de la modificación.
La CCA se presentó como un instrumento de desarrollo territorial orientado a corregir desequilibrios norte-sur y a fomentar la puesta en valor de inmuebles patrimoniales. Para ello, ofrece incentivos a desarrolladores inmobiliarios que construyan en sectores específicos de la zona sur y, en menor medida, a quienes intervengan en edificios patrimoniales. Como contraparte, habilita a construir mayor altura y más metros cuadrados en determinados corredores de alto potencial inmobiliario. El beneficio puede ser utilizado directamente por quienes ejecutan las obras o por terceros, bajo una lógica de emisión y recepción de metros cuadrados entre distintas parcelas y zonas. También se prevé la emisión de metros cuadrados a partir de la creación de nuevos espacios verdes, y se contempla la posibilidad de cancelar plusvalía mediante la venta de parte de las viviendas construidas en zonas emisoras a precios promocionales o accesibles.
La discusión previa a su aprobación no estuvo exenta de polémicas: se debatieron la viabilidad del mecanismo, la magnitud de los beneficios otorgados, la calidad del bien público generado y el impacto urbano general y particular.
Esta primera reglamentación —aún parcial— establece algunos trámites previos a la certificación, como la consulta sobre la capacidad emisora y receptora de las parcelas. También define los plazos de vigencia de los certificados: dos años para los emitidos en 2025 y 2026, y un año, prorrogable por seis meses, para los siguientes. Sin embargo, lo más destacado es que, aunque el esquema fue presentado como una operación articulada entre parcelas emisoras y receptoras, la reglamentación permite la emisión de certificados sin un destino definido, siempre que estén dentro del período de vigencia, o incluso más allá, mediante el uso del Certificado de Capacidad Constructiva Adicional Digital (aún no reglamentado).
Esto refuerza el carácter transable del instrumento y habilita la intermediación entre emisores y receptores, aunque cada operación deberá contar con la intervención de la Subsecretaría de Gestión Urbana. Así, se abren las puertas a una posible mercantilización de los certificados, lo que plantea nuevos interrogantes: ¿podría esto desvirtuar los objetivos del instrumento? Y en tal caso, ¿no debería el Estado capturar parte del valor generado?
Te recomendamos esta nota de El País que recopila una selección de viñetas de tres historietistas españoles, Flavita Banana, Riki Blanco y El Roto. De una manera accesible y simpática, expresan distintos aspectos de la crisis de la vivienda y de los alquileres que se está viviendo en España desde hace años, donde los precios siguen en alza, la oferta no alcanza y los inquilinos están sobrecargados.
Los artistas capturan distintas dimensiones de la problemática, que abarca desde la convivencia forzada con compañeros de piso hasta la realidad de aquellos que no logran emanciparse del hogar familiar y cómo esto repercute en sus procesos de socialización y crecimiento personal. En ese sentido, España es, con respecto a sus pares europeos, uno de los países donde más se retrasa el abandono del hogar familiar de los y las jóvenes: se emancipan a más de 30 años y el 87% convive con otros.
Ahora sí nos vamos.
Un abrazo, y hasta la próxima,
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