En esta oportunidad, entonces, te contamos sobre la reciente aprobación de una nueva normativa que busca eliminar aquellos elementos de “urbanismo hostil” ubicados en la vía pública de la Ciudad de Montevideo. Por otro lado, comentamos la apuesta de CDMX por incrementar la cobertura territorial de sus Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social, como política redistributiva del bienestar urbano. También analizamos el proyecto Madrid Nuevo Norte, que prevé la transformación de terrenos ferroviarios en un nuevo desarrollo urbano, con una importante presencia de espacio público y de distintos regímenes de vivienda protegida y municipal. Finalmente, volvemos sobre el Microcentro porteño, pero ahora desde la perspectiva del espacio público.
A lo largo de este correo, vamos a describir acciones que incluyen cambios normativos, inversión en equipamientos en las periferias, la reconversión de infraestructuras e intervenciones de recualificación del espacio público en el ámbito de una centralidad. La transformación y entronización de lo público, como pieza central para hacer mejores ciudades. Lo público, por supuesto, susceptible de adaptaciones, transformaciones y de nuevos ordenamientos, como vector y horizonte común para combatir el malestar contemporáneo y producir bienestar, brindar nuevas oportunidades y promover la convivencia. Los desafíos urbanos de estos tiempos.
La lectura no te va a tomar más de 10 minutos. Mientras, te recomendamos este tema para que escuches de fondo.
A fines de marzo pasado la Junta Departamental de Montevideo (equivalente a la Legislatura Porteña) prohibió el uso de arquitectura hostil en toda la ciudad. El tema cobró notoriedad tras la muerte de un hombre que, mientras paseaba con su familia en las inmediaciones del centro, tropezó y cayó sobre un pinche instalado en la fachada de un edificio. El objeto le perforó un ojo y causó su fallecimiento.
El espacio público define sus características en gran medida a través de la interacción entre particulares, comunidad y Estado. En un contexto de creciente fragmentación social, con más personas forzadas a resolver sus necesidades habitacionales en la vía pública, la arquitectura hostil se ha vuelto frecuente, alterando el paisaje urbano de muchas ciudades, con particular impacto en los centros urbanos. Actores privados, en actitud defensiva, y el propio Estado, en nombre del orden, han contribuido a su expansión y a la reconfiguración de un espacio público menos amigable, menos empático, más excluyente e incluso más peligroso.
La norma aprobada busca establecer un límite: proteger la integridad física de las personas en el espacio público. Se prohíbe la instalación de elementos punzantes y/o cortantes en fachadas, cercos, cerramientos o estructuras en espacios públicos o accesibles desde ellos, incluso en edificios privados. Se contempla un período de difusión y adecuación, tras el cual se aplicarán multas que podrían alcanzar los 900 dólares, con recargos diarios mientras persista la infracción.
Cabe destacar que desde 2023, Brasil también cuenta con normativa contra la arquitectura hostil. La “Ley Padre Julio Lancellotti” prohíbe “el uso de materiales, estructuras, equipos y técnicas de construcción hostiles que tengan por objetivo o resultado el alejamiento de personas en situación de calle, ancianos, jóvenes y otros segmentos de la población”.
La Ciudad de México aspira a que, en los próximos años, cualquiera de sus habitantes puedan acceder a una de sus Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social —mejor conocidas como Utopías— a pocos minutos de su casa. Con la premisa de que “el bienestar llegue a donde nunca antes había llegado”, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de 100 utopías para 2030, de las cuales 16 deberán comenzar a construirse este mismo año, a razón de una por cada una de las alcaldías que componen la ciudad.
Las Utopías representan una nueva generación de equipamientos públicos multifuncionales, destinados al desarrollo de actividades deportivas, recreativas, culturales y de cuidado. Además, estas se constituyen en ámbitos de encuentro vecinal y de construcción de comunidad, especialmente orientados a niños, adolescentes, personas mayores y a quienes desarrollan tareas de cuidado, fundamentalmente mujeres. En ese sentido, en una misma utopía se podría ir al gimnasio, nadar en una pileta olímpica o semi olímpica, asistir a proyecciones cinematográficas o participar de cursos y talleres; pudiendo acceder también a un servicio de comedor —con la posibilidad de encargar porciones ya preparadas para llevar al hogar— y a aprovechar para lavar la ropa en una lavandería comunitaria.
La actual iniciativa representa en realidad un reescalamiento y ampliación de la experiencia de las Utopías de Iztapalapa, liderada por la propia Brugada, cuando fue alcaldesa de dicha delegación. La expansión de la red de utopías se alinea con la consolidación del sistema público de cuidados que busca afianzar la Ciudad de México.
El plan también ha generado algunas críticas, particularmente en relación con su sustentabilidad futura, dadas exigencias presupuestarias que implican el mantenimiento y operación de las Utopías. Sin embargo, la decisión de sostener estos equipamientos a través de subsidios cruzados responde a una lógica explícita de reequilibrio territorial y social —entre centro y periferia o entre zonas más acomodadas y sectores populares—.
Madrid Nuevo Norte, MNN, se plantea como la operación de regeneración urbana más ambiciosa de Europa en la actualidad. La intervención transformará 180 hectáreas en el norte de la ciudad, ocupadas principalmente por infraestructura ferroviaria vinculada a la estación Chamartín–Clara Campoamor, que será refuncionalizada. Aunque el área ha sido objeto de diversos proyectos en el pasado, ninguno logró concretarse, en parte debido a conflictos y reclamos, especialmente de quienes fueron expropiados para el desarrollo del ferrocarril y que ahora exigen compensaciones por la revalorización generada por la operación urbana.
La iniciativa actual tiene su origen en un acuerdo de 1991 entre el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para renovar Chamartín. Ese acuerdo estableció que el desarrollo estaría a cargo de un consorcio privado, que sería liderado por entidades bancarias. El proyecto actual se estructura en torno a la venta de terrenos públicos que formaban parte del playón ferroviario, gestionados por las empresas estatales ADIF y ADIF Alta Velocidad. El monto total de la venta, concretada a fines del año pasado, se estima en 1300 millones de euros. 210 millones se abonan de manera inmediata y el resto, con intereses, se prorrateará durante los próximos 20 años. Además, para asegurar el pago, se constituyó una hipoteca sobre los terrenos entregados.
La futura urbanización será de usos mixtos y contará con grandes espacios verdes. Más del 75% del suelo urbanizado pasará a ser de titularidad pública, entre vialidades, espacios públicos y verdes y equipamientos comunitarios. Se proyecta un gran parque de 13 hectáreas que será el principal espacio verde del sector. Además de complejos de oficinas y zonas comerciales, se desarrollarán más de 10.000 viviendas. Como parte del compromiso de compraventa, 2100 corresponderán a viviendas protegidas, es decir, con condiciones de regulación de la oferta para que sea social o asequible. Adicionalmente, deberán entregarse también terrenos para que se desarrollen 1900 viviendas públicas, que pasarán a formar parte del parque público municipal. Entre ambos regímenes, constituirán el 38% de la nueva oferta de viviendas proyectada.
A modo de epílogo de nuestra edición anterior, en la que abordamos la residencialización del microcentro porteño, queremos retomar algunos aspectos clave de este proceso. Ya señalamos la necesidad de ordenar los incentivos para que la —deseable— ampliación de la oferta habitacional genere oportunidades reales de acceso a la vivienda. Pero para que el microcentro deje de ser un área especializada en actividades terciarias y se transforme en una centralidad de usos mixtos, no basta con reconvertir oficinas o desarrollar viviendas en parcelas vacantes: también es esencial mejorar la calidad del entorno urbano. En una de las zonas más densamente construidas de la ciudad, esto dependerá, en gran parte, de una pregunta: ¿puede el microcentro ser más verde?
En los hechos, mucho antes de hablar de residencialización, se venían planteando estrategias en ese sentido. El viejo Código de Planeamiento Urbano permitía construir más cuando los edificios de perímetro libre en grandes esquinas, ocupaban solo el 30 % de la parcela y cedían el resto al uso público, mediante una servidumbre, con espacios verdes parquizados y áreas peatonales. Esa normativa también contemplaba la posibilidad de ceder al dominio público una parcela para destinarla a espacio verde a cambio de transferir capacidad constructiva a otra parcela dentro del mismo polígono.
En 2013, con el Plan Microcentro se nivelaron calzadas, ampliaron las aceras y se sumó arbolado en la zona. Luego, en 2023, se incorporaron a la zona tres nuevas calles verdes con más árboles y superficie vegetada en canteros parquizados. Y este año, 2025, se anunciaron dos nuevas calles verdes más. En conjunto, estas intervenciones suponen mejoras en la zona, pero no alcanzan para suplir la falta de espacios verdes de cercanía. Además en los pocos espacios verdes de cercanía realmente existentes, como la Plazoleta Suipacha, la Plazoleta San Nicolás o la Plaza Roberto Arlt no se realizaron trabajos significativos en el último tiempo.
La principal propuesta concreta de la Ciudad para revertir este déficit llegó con la actualización del Código Urbanístico el año pasado, que incorporó las Áreas de Promoción de Espacios Verdes (APEV). Este instrumento, retoma la idea de ceder parcelas para destinarlas a espacios verdes, a cambio de capacidad constructiva adicional, aprovechable en corredores receptores. Acá te contamos algunos detalles de la reglamentación, que se publicó a fines de marzo pasado. El instrumento de las APEV representa una oportunidad para sumar esos espacios verdes que la zona tanto necesita, pero estos aportes quedan supeditados al interés de los privados.
Mientras tanto, también existen iniciativas comunitarias que reclaman nuevos espacios verdes. Vecinos, vecinas y distintas asociaciones piden desde hace años una plaza para el Microcentro en una gran parcela sin edificar, junto al convento de Santa Catalina de Siena. En esa línea, Jóvenes por el Clima realizará una actividad allí este sábado (te podes anotar acá). El reclamo llegó a la Legislatura porteña y existen múltiples proyectos para expropiar el terreno. Pero además, existen otras oportunidades. Si miramos hacia las avenidas que atraviesan o circunscriben el área, allí también se podría reclamar espacio para destinarlo a nuevas áreas verdes. En 2021 propusimos un proyecto en ese sentido para la 9 de Julio, sobre Pellegrini y Cerrito.
Entre marchas y contramarchas, el microcentro dio algunos pasos para convertirse en un entorno más verde, aunque con deudas pendientes. De todos modos, esto no reemplaza la necesidad de un plan concreto que defina lineamientos claros hacia el futuro y que privilegie el interés público.
En estos días, de cara al inicio de la temporada alta en el hemisferio norte, recrudecieron las tensiones en torno a los alquileres turísticos temporarios en España, en el marco de la crisis habitacional que afecta al país desde hace años (Como te contamos acá). Te compartimos este artículo donde figura un mapa de la vivienda turística en España, elaborado a partir de datos del INE, que permite apreciar el impacto del fenómeno a nivel general de las ciudades y por zona. Para hacerse una idea, hay sectores de Madrid donde más del 20% de la oferta habitacional se encuentra en el mercado de alquileres temporarios
Ahora sí nos vamos.
Un abrazo, y hasta la próxima,
A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000 A1000